COBERTURA AL 100% DE LOS DESEMPLEADOS.

Según la EPA del primer trimestre de 2013 en España había 6.202.700 personas desempleadas, de las cuales unos 3 millones no tienen ningún ingreso.

Muchos de estos desempleados son las personas de referencia de una familia, su sustento principal; estas personas y las que dependen de ellas se ven abocadas a la pobreza y a la exclusión social.

Ante este verdadero de drama social nadie debe de permanecer indiferente y es evidente que deben de aplicarse medidas de urgencia.

Ya hace más de un año que pedíamos entre otras muchas medidas de protección ase prestase Cobertura al cien por cien de los desempleados. Decíamos:

• O trabajo digno o subvención.
• Implantación de la Renta Básica de Ciudadanía para todas las personas.

En la actualidad el problema se ha agravado y por eso seguimos considerando legítimo  exigir que estas personas tengan una renta que les permita cubrir sus necesidades, protegerse mejor de problemas de salud física y mental que esta situación suele acarrear y poder emprender de forma mínimamente digna, bien su búsqueda de empleo, bien alguna forma de emprendimiento o autoempleo que les permita salir de su difícil situación.

Frente a las declaraciones catastrofistas que se amparan en la manida “crisis” para justificar recortes en áreas sociales, nosotros estamos seguros de que existen medios para proveer a estas personas de una renta.

¿Pero de dónde obtener los fondos necesarios para implementar esta cobertura al 100% de los desempleados?

En primer lugar nos encontramos con una fiscalidad injusta y no progresiva (quienes más ganan son quienes más deberían de contribuir), sin embargo en este país las grandes empresas ligadas a los oligopolios que detentan el poder económico y por tanto político, tienen todo tipo de exenciones y ventajas fiscales. La reciente amnistía fiscal es una muestra más de cómo funciona la ley del embudo. Una fiscalidad más justa (que implicaría también y necesariamente la abolición de los paraísos fiscales) sería una fuente de financiación fundamental para implementar medidas de protección social como la que planteamos.

Otra fuente de financiación podría venir de la persecución del fraude fiscal, la mayor parte del cual es responsabilidad de las grandes empresas y  las grandes fortunas y que alcanza en nuestro país los 90.000 millones de euros.

Nuestro país sufre de una deuda, en principio privada pero trasladada al sector público, de unos 38.300.000.000 euros solo de intereses. Con una parte de esos intereses, podría darse esta mínima cobertura que exigimos para el 100% de los desempleados. Pero para esto hay que derogar el  artículo 135 de la constitución (que fue modificado de urgencia por el último gobierno del PSOE con el apoyo del PP, modificación reprobable e ilegítima, al no haberse realizado proceso consultivo a la ciudadanía), el cual prioriza el pago de la deuda  antes de cualquier otra inversión imprescindible para los ciudadanos.

Y si los fondos se han de obtener por medio de recortes que estos se hagan en gastos militares, diputaciones, gastos de representación de los cargos públicos, del presupuesto de la casa real y de las subvenciones a la iglesia católica, por ejemplo.

Como podemos comprobar una vez más SI SE PUEDE. Tan sólo hace falta verdadera voluntad para acabar con los problemas sociales.